19.09.17

NOTAS DE INTERÉS
 
CORTE SUPREMA
                             
Derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales
Mediante la sentencia de Casación N° 12321-2017-La Libertad, emitida el 4 de setiembre de 2019, la Corte Suprema analizó si la motivación de las sentencias emitidas en primera y segunda instancia respecto al pago de horas extras, infringen el debido proceso.
La Corte determinó que existen vicios de motivación suficiente respecto a la debida motivación y el debido proceso, toda vez que el juez de primera instancia amparó derechos aplicando una norma que no estaba vigente al momento de ocurrido los hechos. Asimismo, la Corte señaló que, ante la solicitud de pago de horas extras, el trabajador es el encargado de acreditar la labor efectivamente realizada en sobretiempo.
Específicamente, la Corte Suprema estableció lo siguiente: Noveno: (…)  b) Los Órganos judiciales han determinado que le corresponde al actor el pago de horas extras, descansos semanales obligatorios y feriados laborados, y la bonificación por trabajo nocturno, por no haber cumplido con las exigencias previstas en los Decretos Supremos N°s. 007-2002-TR y 004-2006-TR; sin embargo, no han tenido en cuenta que la primera norma no estuvo vigente por el período comprendido entre mil novecientos noventa y ocho hasta junio del dos mil dos, y la segunda por el período de mil novecientos noventa y ocho hasta marzo de dos mil seis (…)  toda vez que no corresponde aplicar por razón de temporalidad, situaciones de hecho ocurridas antes de la expedición de la norma. d) Cabe señalar, que amparar los derechos peticionados por el actor, corresponde tener en consideración el inciso 1 del artículo 23° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, que establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando hechos nuevos.” (Subrayado agregado).
 
TRIBUNAL FISCAL
 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: Adecuado uso del crédito fiscal en gastos por arrendamiento de vivienda, pago de arbitrios y compra de bienes destinados a vivienda arrendada a favor del personal
RTF Nº 8999-5-2017 / 10.10.2017
La Administración Tributaria reparó el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) por gastos por arrendamiento de inmuebles, adquisición de bienes para habilitarlos, servicios públicos y arbitrios a favor de sus trabajadores, señalando que desde el momento en que un trabajador acepta residir en nuestro país se constituye en este su residencia habitual para efectos civiles; en consecuencia, dichos gastos constituyen renta gravada con el Impuesto a la Renta (IR) de quinta categoría, ajenas a la actividad gravada, por lo que el IGV pagado por tales adquisiciones no es deducible como crédito fiscal.
El contribuyente señaló que los gastos por arrendamiento de vivienda a favor de los trabajadores y arbitrios se derivan de una condición de trabajo y no constituyen una remuneración adicional, dado que por la naturaleza de la actividad de hidrocarburos que realiza se requiere que los trabajadores desplacen su residencia habitual hacia la zona donde se encuentren los yacimientos, siendo necesario contar con el otorgamiento de viviendas para garantizar un lugar adecuado donde vivir. Además, no constituye una mayor remuneración en tanto no es de su libre disposición, pues ellos no pueden elegir donde vivir ya que la vivienda se otorga en relación a criterios como si es soltero, con familia o el número de hijos. Agregó que, de igual forma, deben aceptarse los gastos por la compra de bienes destinados a las viviendas arrendadas que sirven para que estas sean habitables, como adquisiciones de televisores, camas, veladores, juegos de mesa, cómodas, entre otros.
El Tribunal Fiscal (TF) señaló que no es posible afirmar que el gasto de vivienda califique como una condición de trabajo, pues este no constituye un elemento necesario para el desempeño de la función de los trabajadores, sino que es un gasto de índole personal del trabajador. Además, indicó que se entiende por condición de trabajo a los bienes o pagos indispensables para viabilizar el desarrollo de la actividad laboral de la empresa, sean por movilidad, viáticos, representación, vestuario, siempre que no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador.
Agregó que los gastos que demanden vivir en determinada localidad a un trabajador corresponden a erogaciones que provienen de consideraciones personales ajenas a la actividad gravada y que forman parte de los costos que demanda el aceptar la oferta de trabajo, y que el hecho de que el empleador asuma el pago de estos conceptos, que son de carácter personal del trabajador, representan para este un beneficio patrimonial proveniente de la relación laboral que forma parte de las contraprestaciones por los servicios prestados.
Así, concluye que los gastos realizados a favor del personal por concepto de vivienda no califican como condición de trabajo, pues no constituyen requisitos esenciales para el desempeño cabal de las labores, sino un beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador.
De igual manera, indicó que los bienes destinados a la implementación de la vivienda no califican como condición de trabajo.
Por último, el TF observó que el contribuyente no acreditó que se hubiese celebrado algún convenio colectivo con los trabajadores en el que se hubiese obligado frente a su personal a cumplir con las prestaciones de otorgar vivienda, en cuyo caso dicho gasto sí cumpliría con el principio de Causalidad.
De este modo, el TF señaló que al no resultar indispensable para el desarrollo de la actividad laboral en la empresa no se puede utilizar el crédito fiscal consignado en los comprobantes de pago objetos de reparo.
 
SUPLEMENTO ELECTRÓNICO
 
A continuación, remitimos a nuestros suscriptores el Suplemento Electrónico de ANÁLISIS TRIBUTARIO – CONSULTA GUBERNAMENTAL N° 2, en el que se transcribe la Carta N° 49-2019-SUNAT/70000, en la que la Administración Tributaria responde a una consulta institucional sobre si determinadas operaciones calificaban como elusión de normas tributarias o simulación, señalando que ello se determina en cada caso concreto.
Asimismo, dicha Carta refiere que la consulta sobre la facultad de la SUNAT de aplicar la Cláusula Antielusiva General a ejercicios anteriores se encuentra detallada en el Informe N° 116-2019-SUNAT/7T0000, que indica que “Actualmente, la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario es aplicable a los actos, hechos y situaciones producidas desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 1121, esto es, desde el 19 de julio de 2012, siendo pertinentes para esos efectos las disposiciones del artículo 62°-C del Código Tributario”.

http://www.aele.com/descargas/CONSULTA_GUBERNAMENTAL_(2).pdf

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Fuente: SBS.

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