PANORAMA ECONÓMICO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 2013

Todos los analistas concuerdan en que el 2012 ha sido un extraordinario año para el Perú porque nuestra economía ha crecido y se ha consolidado pese a la crisis financiera y económica mundial que ha afectado significativamente a muchas áreas del planeta. Se espera que, siguiendo los mismos postulados macroeconómicos, este año nos mantengamos como la economía de mayor crecimiento e inflación más baja en Latinoamérica.

Aboga esa tesis el convencimiento –hoy no tan generalizado- de que el Gobierno actual no variará sustancialmente el modelo económico vigente ni promoverá mayores restricciones a las actuales respecto a las libertades políticas y económicas de los ciudadanos y, por ende, no se afectará el mercado. Niega la tesis la dependencia de nuestra economía del mercado internacional y, por ende, de las necesidades de los mercados más grandes (hoy muchos de ellos en franca recesión).

Ahora bien, entre los principales funcionarios del Gobierno hay un convencimiento de que el 2012 también será recordado como un muy buen año para el acontecer tributario. De un lado se releva el conjunto de modificaciones legislativas –por vía de decretos legislativos- que han tenido como objetivo la elevación progresiva de la presión tributaria de 15,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2011 a 18 por ciento del PBI en el 2016.

Los resultados de esa reforma no se han sentido aún en el 2012 sino que paulatinamente se irán viendo a lo largo de este año y del siguiente, especialmente cuando la SUNAT empiece a usar las facultades que de dichas normas se derivan para su actuación. La lucha mediática entre los defensores y los detractores de las modificaciones (especialmente en cuanto a la nueva regla antielusiva, a las fiscalizaciones parciales, a la responsabilidad solidaria de administradores de hecho, a las nuevas reglas sobre reorganización de sociedades para efectos del Impuesto a la Renta, y al nuevo Régimen de Transparencia Fiscal Internacional) podría haber generado en el imaginario colectivo que la SUNAT tendrá exorbitantes facultades y, con ello, obligado a muchos contribuyentes a mantener posiciones conservadoras en la gestión de los tributos que les corresponde pagar al Estado. 

En la práctica, la reglamentación y primera implementación del conjunto de las disposiciones legislativas está bastante avanzada. Queda saber qué pasará con la aplicación de la citada norma antielusiva. La Jefa de la SUNAT ha sugerido que su uso pasaría por diversos comités técnicos de dicha entidad distantes del agente fiscalizador, uno primero en el área operativa y luego otro con funcionarios que no ven directamente los procesos de fiscalización.

El 2013 será un año de mucha actividad de gestión tributaria por parte de la SUNAT y, por consiguiente, de atención por parte de los contribuyentes a las medidas de control y a las actuaciones de fiscalización que dicha Administración Tributaria emprenda.

Además de las medidas que hemos asimilado el año 2012, se anuncia un mayor control sectorial: (i) en el rubro de la construcción dado que al parecer de la SUNAT sería el que mayor evasión estaría mostrando, superior al 60 por ciento, y, (ii) en el rubro minero, no solo por la importancia económica del sector formal, sino especialmente controlando las cadenas de minería ilegal y fiscalizando la comercialización del oro y la plata. A su vez, transversalmente se buscará disminuir sustancialmente el uso por parte de los contribuyentes de las facturas falsas, por medio de una fuerte fiscalización a todo nivel.

En este contexto, queda en agenda un paquete de medidas y acciones de orden tributario para incrementar la competitividad y productividad del país, de modo que se posibilite que más ciudadanos apuesten por hacer empresa en el Perú. Según se ha anunciado –y quisiéramos que los hechos no acaben desmintiendo tal anuncio- la SUNAT tiene una nueva visión de su relación con los contribuyentes, a los que consideraría como aliados; lo que supondría menos arbitrariedad y más empeño en lo real que en lo formal durante la fiscalización.