CRÉDITO POR REINVERSIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES (Parte I)

En los últimos años, la Administración Tributaria ha venido cuestionando la aplicación del crédito por reinversión de las Instituciones Educativas Particulares (“IEP”), previsto en el Decreto Legislativo No. 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación (“DL 882”), basado en el argumento que al ser un beneficio tributario no delimitado temporalmente, aquel solo tuvo vigencia por tres (3) años, es decir por los ejercicios 1997, 1998 y 1999, en aplicación de la norma VII del Título Preliminar del Código Tributario.

No compartimos dicha posición no solo porque el Crédito por Reinversión es un elemento integrante del sistema de determinación del Impuesto a la Renta (“IR”), que en definitiva corresponde pagar al Fisco, el cual no puede estar sujeto a un límite temporal, sino porque en aplicación de los métodos de interpretación sistemática y de la ratio legis, el Crédito por Reinversión tiene vocación de permanencia.

En efecto, de un análisis sistemático de las normas se aprecia que el mismo DL 882 y las normas reglamentarias hacen referencia a la aplicación del Crédito por Reinversión por plazos mayores a los 3 años que señala la Administración Tributaria, pues regula la duración de los programas de reinversión hasta 5 años, los arrastres de saldos a favor del IR, etc.; y, de un análisis de la ratio legis, se desprende que la finalidad del DL 882 era la promoción de la inversión en la educación, lo cual no se condice con un límite temporal.

A mayor abundamiento, el Crédito por Reinversión de las IEP ha sido aplicado por más diez (10) años por el propio Estado peruano. En efecto, aquel no solo ha dictado dispositivos legales por medio de los cuales reconoce la vigencia del régimen tributario del DL 822, sino que la propia Administración Tributaria (a través de sus cartillas de instrucciones y de las fiscalizaciones en años anteriores) y el Ministerio de Educación (a través de la aprobación de los programas de reinversión) han reconocido continua y sistemáticamente la vigencia de este régimen. Todos estos actos del Gobierno no hacen sino confirmar la permanencia del Crédito por Reinversión de las IEP, y por ende, desvirtuar el límite temporal que pretende aplicar la Administración.

Al respecto, resulta importante destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4700-2011- PC/TC, de fecha 5 de noviembre del 2012, la cual se ha pronunciado por la permanencia del Crédito por Reinversión de las IEP, al señalar: “En consecuencia, no puede sostenerse que el DL 882 no se encuentra vigente, pues su vigencia es más que evidente, en tanto su despliegue normativo se patentiza secuencialmente en el transcurso del tiempo, generando con ello los beneficios que dispone la norma”.

El Tribunal Constitucional fundamenta su posición en que si bien el Crédito por Reinversión es un beneficio tributario, no le resulta aplicable el plazo supletorio de 3 años porque debe prevalecer la permanencia que se requiere en un régimen de promoción de la Inversión en la Educación.  Más aun si existen diversos actos del Estado que refuerzan dicha posición, tales como la aprobación de los programas de reinversión del Ministerio de Educación, las cartillas de instrucciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Educación y los informes macroeconómicos aprobados por el Consejo de Ministros. 

Cabe señalar que aun cuando la referida sentencia no sea de aplicación general porque fue resuelta en vía de Acción de Amparo, el análisis y conclusión de la misma, constituye jurisprudencia relevante que debe ser tomado en cuenta por los órganos jurisdiccionales pertinentes.

Sin perjuicio de lo expuesto, debemos indicar que con fecha 23 de julio de 2011, se publicó la Ley N° 29766 precisando que el Crédito por Reinversión estuvo vigente hasta el  ejercicio 2008. Como se aprecia, dicha norma reconoce la permanencia del Crédito por Reinversión, sin embargo, limita su aplicación hasta el ejercicio gravable 2008, lo cual puede ser discutible, ya que las normas legales no son retroactivas, salvo en materia penal.