“SOY TU AMIGO ELECTROLUX”

 

Los procedimientos administrativos existen para que las actuaciones de la Administración sean encausadas y conducidas bajo cánones de objetividad, transparencia y sobre la base de una metodología (requisitos, etapas, plazos, etc.) estructurada para sopesar razonablemente el fin perseguido con los medios utilizados para alcanzarlo.

 

No olvidemos que finalmente serán los administrados los directamente incididos y/o afectados con lo mucho, poco o nada razonables que resulten los procedimientos aprobados por la Administración. Por ello, es que, precisamente, el denominado “Debido Proceso” constituye una garantía para los administrados que encuentra su contrapartida en la obligación que tiene la Administración de regir sus actuaciones en sujeción a las reglas (de procedimiento) que ella misma ha aprobado.

 

El incumplimiento por parte de la Administración del procedimiento autorizado acarreará, indefectiblemente, la nulidad de los actos administrativos expedidos; esto es, que todo vuelva a “fojas cero”. Como es evidente, lo único que ello originará es la pérdida de tiempo, recursos y esfuerzos tanto para la Administración como para los administrados. Es decir, absolutamente todos pierden.

 

Uno de los procedimientos administrativos importantes que ha sido aprobado en los últimos años es el Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT aprobado por Decreto Supremo 085-2007-EF (en adelante “el Procedimiento”), el mismo que unifica las actuaciones de “SUNAT – Tributos Internos” con “SUNAT – Aduanas” en lo referente a la verificación de cumplimiento de las obligaciones tributarias o tributario-aduaneras a cargo de los administrados (antes existían procedimientos independientes).

 

Si uno revisa el Procedimiento podrá apreciar que sus disposiciones resultan razonables en la medida que permiten una saludable interacción entre la Administración Tributaria y el administrado con la finalidad de que este último cuente con la oportunidad de presentar toda la información y explicaciones que le puedan ser requeridas y/o que estime necesarias proporcionar (aunque no le sean requeridas expresamente). Ello, a su vez permitirá que la Administración Tributaria cuente con elementos suficientes para efectuar un debido análisis de la situación objeto de verificación y que, por tanto, las conclusiones a las que pueda arribar se encuentren debidamente sustentadas. En la medida que ambas partes (Administración Tributaria y administrado) actúen con criterio, responsabilidad y transparencia en sujeción a dicho procedimiento, el tiempo, recursos y esfuerzos desplegados no habrán sido invertidos en vano.

 

Conforme al Procedimiento, los siguientes actos formales necesariamente deberán ser llevados a cabo: (i) la “Carta de presentación” y el “Primer Requerimiento”, actos mediante los cuales la Administración Tributaria presenta al equipo fiscalizador, explica en detalle los alcances de la fiscalización y efectúa un pedido detallado de la información y documentos que deberán ser exhibidos o presentados; y (ii) el “Requerimiento de Conclusiones” mediante el cual la Administración Tributaria comunica al administrado las observaciones formuladas e infracciones detectadas como resultado del Procedimiento de Fiscalización en base a la información y documentos proporcionados de acuerdo a lo establecido en el artículo 75° del Código Tributario.

 

Conforme al referido artículo, la Administración Tributaria concede al administrado un plazo no menor de 3 días hábiles para que presente sus descargos respecto de las conclusiones preliminares a las que haya arribado. Luego de haber transcurrido dicho plazo, con o sin respuesta del administrado, la Administración Tributaria da por concluida la fiscalización y expide el respectivo Informe de Fiscalización, el mismo que sirve de sustento para las acciones posteriores de determinación y cobro de eventuales tributos impagos y multas, de corresponder.

 

La fiscalización a cargo de la Administración Tributaria deberá ser desarrollada y concluida en un plazo máximo de un año con la posibilidad que este sea prorrogado en casos debidamente justificados atendiendo al nivel de complejidad. Durante el tiempo que dure la fiscalización, señalábamos, deberá producirse una necesaria y sana interacción entre la Administración Tributaria y el administrado. Como se aprecia, la idea es que se otorgue al administrado oportunidad suficiente para que presente sus descargos.

 

No obstante lo mencionado, a nivel aduanero hemos advertido que últimamente los procedimientos de fiscalización están siendo conducidos de manera distinta a lo dispuesto en el Procedimiento.

 

En efecto, al momento de iniciar el procedimiento de fiscalización la Autoridad Aduanera no solo entrega al administrado la respectiva “Carta de Presentación” (se presenta al equipo fiscalizador) y le notifica el “Primer Requerimiento” sino que, además, le otorga un plazo no menor de 3 días hábiles (normalmente 5 días hábiles) sustentado en el artículo 75° del Código Tributario para que pueda presentar sus descargos “finales” respecto de las conclusiones preliminares a las que arribó la Autoridad Aduanera (¿?).

 

Es decir, el procedimiento de fiscalización empieza por el final (¿?), circunstancia que origina que  el “Primer Requerimiento” notificado, en verdad no sea el “primero” ni tampoco sea uno en base al cual realmente se “inicie” una fiscalización, sino que, por el contrario, constituye un “Requerimiento de Conclusiones” mediante el cual se corre traslado al administrado de aquella información y documentación que la Autoridad Aduanera ha obtenido y analizado por su propia cuenta (antes del inicio del procedimiento de fiscalización) y respecto de la cual, por sí y ante sí (sin ninguna intervención ni posibilidad de descargo del administrado), ha extraído conclusiones que constituyen, a su criterio, sustento suficiente para la determinación de deuda tributaria.

 

Es más, hasta se liquida, de manera muy diligente, el monto al cual ascenderían los supuestos tributos impagos y la multa a ser impuesta. Y todo ello sin la intervención del administrado. ¿Y el debido proceso?

 

Junto con el otorgamiento de este “plazo final” sustentado en el artículo 75° del Código Tributario, la Autoridad Aduanera “invita” cortésmente (eso sí) al administrado a autoliquidar la deuda tributaria y a pagar la multa respectiva con el descuento pertinente (incentivos para la reducción multas).

 

Todo lo mencionado, inevitablemente, me trae a la memoria aquella antigua propaganda de televisión en la que un vendedor de artefactos de “línea blanca” irrumpía de modo muy cortés y amable en el hogar de una eventual cliente diciendo: “Soy tu amigo Electrolux”. Haciendo un símil con el caso expuesto en el presente artículo sería como si el “amigo Electrolux” te saludara, te mostrara su producto y acto seguido, y sin darte oportunidad de reaccionar, te pasara su factura. Me pregunto cuantas lustradoras habría vendido el “amigo Electrolux” en tales circunstancias.