¿CUÁNTO VALE LA CONFIANZA?

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española la palabra “confiar” significa “depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa”.

 

En base a esta definición, ¿podríamos afirmar que los peruanos nos tenemos confianza?

 

Pues pareciera que no, al menos desde la perspectiva de la relación Administración Pública – Administrado; y más puntualmente de la relación entre la Aduana y el operador de comercio exterior.

 

Desafortunadamente, los procedimientos aduaneros siguen plagados de formalidades, en muchos casos prescindibles, que no hacen más que tornar en engorrosos los trámites y en mayores los tiempos necesarios para una respuesta oportuna. El resultado: sobrecostos innecesarios y pérdida de competitividad. Situación, esta última, inaceptable en un contexto cada vez más duro y menos contemplativo en el plano del comercio internacional.

 

El problema manifiesto es que un procedimiento plagado de formalidades denota, en el fondo, una gran falta de confianza en el actuar del administrado. En el plano aduanero, éste ha venido siendo un tema recurrente pues se regulan procedimientos pensando en aquellos que no cumplen con la ley y no se piensa en aquellos que sí cumplen con ella. Es decir, se aprueban procedimientos para evitar abusos de los tramposos y no para regular los procesos transparentes de los operadores que actúen de buena fe (que estimamos son la gran mayoría).

 

Quizás, esto no pueda ser del todo reprochable si es que se tienen en cuenta las operaciones fraudulentas que, lamentablemente, no con poca frecuencia son detectadas. Pero, ¿ello justifica “per se” que “justos paguen por pecadores”? Creemos que no, pues si bien se deben tomar las precauciones del caso, no debemos perdernos en ellas, sino, más bien, deberíamos “medir con un vara distinta” a las personas y empresas que actúan con honradez y que generan confianza.

 

Entonces, si al parecer es tan difícil generar procedimientos de alcance general menos exigentes en cuanto a requisitos y formalidades para evitar así “filtraciones” indeseadas de “malos elementos”, la alternativa sería generar reglamentaciones distintas para aquellos que sean considerados “buenos elementos”. Reglamentaciones que, en vez de estar orientadas a evitar el abuso, estén orientadas, por el contrario, a evitar generar sobrecostos a dichos “buenos elementos”.

 

En un escenario en el que pareciera que, como regla general, la confianza constituye un bien escaso, la consecuencia natural debería ser el atribuir un gran valor a dicho bien escaso. Así, quien probadamente genere confianza debería recibir beneficios concretos de manera acorde con el valor que detenta.

 

¿Cómo traducimos esto concretamente?

 

Pues la manera de hacerlo es mediante el flamante programa del Operador Económico Autorizado (OEA) lanzado oficialmente por la SUNAT el 3 de octubre de 2012 y que busca generar beneficios a aquellos operadores concebidos como “generadores de confianza”. Estos beneficios deberían estar orientados a la simplificación de los procedimientos y a la flexibilización de los controles aduaneros, lo cual, se esperaría, debería redundar en la mejora de los niveles de competitividad.

 

De momento, el programa de certificación OEA ha sido implementado solamente para los exportadores, agencias de aduana y almacenes aduaneros, esperándose que en un lapso no muy lejano se haga extensivo también a nivel de importadores y otros operadores involucrados en la cadena logística del comercio internacional.

 

Los requisitos de acceso a la certificación OEA han sido establecidos mediante el Decreto Supremo N° 186-2012-EF y tienen que ver con la acreditación de: (i) una trayectoria satisfactoria en cuanto al cumplimiento de obligaciones; (ii) un sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las operaciones; (iii) solvencia financiera y patrimonial debidamente comprobada; y (iv) un nivel de seguridad adecuado.

 

Los beneficios…, bueno de momento aún no se tornan muy tangibles. En comunicados de prensa difundidos por la propia SUNAT se hace una referencia un tanto general a: (a) reducción de los controles y priorización en los trámites aduaneros; (b) reconocimiento internacional en las relaciones comerciales con otros países; (c) seguridad en las operaciones de comercio exterior, (d) capacitaciones periódicas; (e) fortalecimiento del buen nombre de la empresa y consolidación de la marca; y (f) beneficios en otras aduanas, a través de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo que se suscriban.

 

Todo ello está muy bien, pero, como comentábamos, aún no se aprecia con claridad en qué consistirán concretamente dichos beneficios. No se sabe, por ejemplo, de qué modo concreto se reducirán los controles aduaneros (¿canales de control exclusivos? ¿mínimo o nulo porcentaje de reconocimiento físico? ¿cuál será el tratamiento en el caso de mercancías de exportación restringida?, ¿programación periódica y coordinada de visitas de inspección?), ni de qué modo se priorizarán los trámites aduaneros (¿ventanillas especiales? ¿declaraciones periódicas consolidadas? ¿mayor incidencia de procedimientos de aprobación automática y/o silencio administrativo positivo? ¿asignación exclusiva de especialistas aduaneros? ¿mayor celeridad para el otorgamiento de beneficios tributarios?).

 

¿De qué manera se tangibilizará y para cuándo el “Reconocimiento Mutuo” con otros países? Este es un tema un tanto complicado pues ya no dependerá únicamente de la voluntad del Estado Peruano sino también de la de aquellos Estados con los que se suscriban los respectivos Acuerdos. ¿Se puede asegurar que otros Estados estarán de acuerdo? ¿En qué términos? ¿Compartiremos con todos los mismos estándares de certificación?

 

Conforme a lo señalado en el propio D. S. N° 186-2012-EF la SUNAT aprobará disposiciones complementarias para la implementación y aplicación de la certificación OEA. En estas disposiciones complementarias necesariamente se deberá señalar cuales serán los beneficios concretos y tangibles emanados de dicha certificación en cada uno de los niveles, que de momento, serían certificados (exportadores, agencias de aduana y almacenes aduaneros).

 

Para ello, de manera previa, deberían ser evaluadas las necesidades concretas e individualizadas de los operadores, lo cual pasa necesariamente por preguntarles. La tarea no es teórica, es práctica. Beneficios concretos para operadores concretos.

 

Creemos que la única forma en que el programa OEA (programa con una concepción y lógica bastante bien articuladas) funcione como se espera, es que el empresariado no perciba el cumplimiento de los requisitos de acceso como un costo sino como una inversión y, a la larga, como una herramienta indispensable para ser competitivos. Para ello, los beneficios que la certificación OEA otorga deben ser muy concretos y específicos.

 

Si bien resulta bastante probable que el mercado por sí mismo “premie” a los más confiables y que los flujos de negocios se orienten hacia ellos, no por ello se puede prescindir de un marco normativo que otorgue y asegure condiciones concretas más beneficiosas para quienes reconocidamente son generadores de confianza.

 

Nuevamente, si la confianza es un valor escaso y alguien la genera ….. ¿cuánto vale la confianza?