EXPORTACIONES Y UNA FRASE POCO FELIZ

Constituye una máxima elemental en las operaciones de comercio exterior, en este mundo globalizado y competitivo en el que nos ha tocado vivir, aquella que reza “no se pueden exportar impuestos”.

 

Para evitar que los tributos trasladados al exportador o asumidos por él incidan en su precio de venta se han establecido dos mecanismos: (i) la devolución del saldo a favor por IGV; y (ii) el Drawback.

 

Ambos mecanismos parten de una premisa básica: la persona que los solicita debe ser el exportador. Para adquirir la condición de exportador se requiere suscribir la respectiva Declaración Única Aduanera (DUA) de Exportación e iniciar los procedimientos y trámites aduaneros respectivos que permitan, bajo el correspondiente control aduanero, embarcar la mercancía con destino al exterior.

 

No obstante, el asunto no es tan simple. Veamos, luego de efectuado el embarque (tras el zarpe del medio de transporte internacional) el exportador deberá solicitar a la Aduana la regularización de la DUA de Exportación. Tras ello, se inicia un procedimiento complementario que, dependiendo del caso concreto en el que nos encontremos, puede constituir un verdadero dolor de cabeza para el exportador.

 

Nos explicamos, conforme a lo señalado en el artículo 83° del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por D. S. 10-2009-EF, la regularización de la exportación deberá efectuarse “a satisfacción de la autoridad aduanera”.

 

En función a este artículo, y no en pocas ocasiones, la Aduana ha venido actuando en forma “discrecional” al momento de evaluar los documentos y/o información proporcionada por el exportador, originándose con ello la formulación de requerimientos de índole subjetivo que el exportador se verá obligado a atender “satisfactoriamente” si es que desea regularizar su exportación.

 

Ejemplo:

 

El exportador A solicita la regularización de la exportación de determinada mercancía que embarcó con destino a Inglaterra. La Aduana objeta el pedido de regularización debido a que el valor declarado es muy superior a “valores de referencia” de DUAs de importación de la misma mercancía o similares en casos en que éstas fueron exportadas de China con destino a Perú e importadas por diferentes importadores.( ¿?)

La Aduana, sin mayor justificación (la cual se tornaría en necesaria dada la diferencia de regímenes aduaneros, así como de países y partes involucradas), solicita explicaciones del por qué de esta diferencia. Situación que pasa por el hecho que el exportador deba dar explicaciones acerca de la razón por la cual su precio de exportación se alejó mucho o poco de un “precio de importación” respecto del cual el referido exportador no tiene, ni tiene por qué tener, mayores referencias.

 

El problema con este tipo de observaciones es que mientras que el exportador no otorgue las explicaciones pertinentes, o, mejor dicho, hasta que a la Aduana no le “satisfagan” dichas explicaciones, el procedimiento de regularización quedará suspendido (por tiempo indeterminado) y el exportador se verá impedido de regularizar la DUA de Exportación viéndose impedido también de solicitar el saldo a favor por IGV y  el respectivo Drawback (de corresponder) dado que para hacerlo la DUA de Exportación deberá estar previamente regularizada (pues en caso contrario, la SUNAT no le reconocerá la condición de exportador).

 

Lo poco feliz que resulta la frase “a satisfacción de la autoridad aduanera” obliga a que la misma sea analizada en contexto y dentro de los alcances del procedimiento de exportación previsto por la normativa aduanera.

 

En función a ello, y en primer lugar, debemos tener en claro que, en general, las actuaciones de los administrados no están destinadas a “satisfacer a la autoridad administrativa”, sino a cumplir con los requisitos previstos legalmente para iniciar o culminar un procedimiento administrativo. En efecto, la obligación de un administrado (llámese exportador) es cumplir con la ley y no el satisfacer a la autoridad.

 

En el caso concreto de la exportación, se debe precisar que, conforme a la normatividad aduanera, la finalidad del régimen de exportación definitiva es que el exportador pueda, bajo control aduanero, retirar mercancías del país con la finalidad que éstas sean usadas o consumidas de modo definitivo en el exterior.

 

Así, y para regularizar la declaración del exportador en este sentido (salida de mercancías del país), la autoridad aduanera debería “darse por satisfecha” cuando, de un lado, el exportador presente la totalidad de documentos exigidos por ley; y, de otro, no existan contradicciones ni inconsistencias entre lo declarado y los documentos presentados. En otras palabras, cuando exista correspondencia entre la finalidad perseguida por la norma y la documentación que sustenta la operación, la exportación deberá ser regularizada.

 

Si queremos dotar a nuestras operaciones de comercio exterior de la dinámica y agilidad requeridas y necesarias (en línea con las obligaciones asumidas por el Perú conforme a sendos TLC suscritos y a la fecha vigentes), debemos interpretar y aplicar las disposiciones “poco felices” con criterio y de manera razonable en sujeción a los principios de Facilitación del Comercio Exterior, Buena Fe y Presunción de Veracidad consagrados en la propia Ley General  de Aduanas, de lo contrario nos corremos el riesgo de caer en arbitrariedades.