EL BICENTENARIO Y LA AGENDA TRIBUTARIA

Quisiera retomar nuestros comentarios sobre la importancia de las reformas tributarias en la idea de proyecto país.

En el año 2021 celebraremos el bicentenario de nuestra independencia política de España y habrá que evaluar si el país ha resultado ser el proyecto republicano que en su momento delinearon nuestros próceres y precursores. Es preciso llegar al bicentenario en una muy buena situación política, económica y social.

A tales efectos, es imperioso leer y hace seguimiento al estudio “Plan Perú 2021 – Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” presentado por el equipo técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

El Plan Perú 2021 propone que nuestro país alcance un razonable ingreso per cápita. Ese año seremos posiblemente más de 33 millones peruanos, por eso se requeriría elevar nuestro producto bruto interno (PBI) y nuestras exportaciones.

Todo ello –a decir del CEPLAN– debería significar una tasa promedio de crecimiento, inversión y aumento de la recaudación tributaria en relación al PBI. Con ello, se aspira a que nuestro país tenga un coeficiente de Gini que muestre una clara disminución de la desigualdad, consolidándonos como un país de renta media alta y de desarrollo humano elevado.

Evidentemente, el progreso del país tiene que ver –entre muchas cosas– con una mejora sustantiva de la recaudación tributaria, pero ello no sólo debe ser abordado en términos de preocupación sobre cómo hacer eficiente la recaudación, sino que resulta apropiado, como hace el CEPLAN, vincular el aspecto de recaudación con la economía del Estado, la búsqueda de igualdad y, añadimos nosotros, con la menor restricción posible a las libertades económicas de los ciudadanos.

Así, un punto de agenda que hay que abordar pronto es el desmantelamiento de los elementos regresivos del régimen tributario actual, especialmente en lo que respecta al diseño del Impuesto a la Renta y del IGV. Está probado que modelos regresivos pueden ser fácilmente manejables pero generan un daño muy serio a las sociedades en el largo plazo.

A su vez, como hemos señalado muchas veces, se requiere simplificar al máximo el marco legal y la administración de los tributos, especialmente respecto a los impuestos nacionales. Evidentemente, ello debe concatenarse o ponderarse adecuadamente con la adopción de medidas que permitan ampliar la base tributaria, evitando una sobrecarga gravosa de las actividades económicas formales.

El marco de todo ello debe ser un irrestricto respeto al principio de Seguridad Jurídica, pues  la predictibilidad legal es un rasgo virtuoso que llegan a tener las sociedades que van logrando madurez en su funcionamiento.

Esa seguridad jurídica se materializa no sólo durante la actuación de la Administración Tributaria, sino especialmente cuando se resuelven los conflictos tributarios en sede del Tribunal Fiscal o, luego, en el Poder Judicial. Es obligación de los funcionarios que resuelven, hacerlo en el marco de la Constitución y buscando que se establezcan líneas jurisprudenciales razonables y uniformes.

Finalmente, como la tributación está siempre a la saga del progreso humano y del cambio en los procesos económicos, el legislador, antes de modificar las reglas jurídicas sobre la aplicación del tributo a las nuevas realidades, debe establecer claramente el por qué, el para qué y el cómo hacerlo mejor. Las experiencias de los últimos 10 años, cuanto menos en materia de precios de transferencia, de imposición sobre regalías, asistencia técnica y servicios digitales, de imposición sobre instrumentos financieros derivados, de establecimiento de reglas para uso del CDI, muestra que las cosas no se han hecho bien.