20.01.09

NORMAS DE INTERÉS EMPRESARIAL
 
Crean el Sistema Nacional de Transformación Digital y disponen medidas para fomentar la confianza digital (09.01.20) (3)
Mediante Decreto de Urgencia N° 6-2020 se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital que tiene por finalidad fomentar e impulsar la transformación digital de las entidades públicas, las empresas privadas y la sociedad, impulsar la innovación digital, promover la economía digital y fortalecer el acceso e inclusión a las tecnologías digitales.
En esa línea, por Decreto de Urgencia N° 7-2020 se aprueba el Marco de Confianza Digital y se dispone medidas para su fortalecimiento, en el que se dictan medidas que resultan necesarias para garantizar la confianza de las personas en su interacción con los servicios digitales prestados por entidades públicas y organizaciones del sector privado.
 
NOTAS DE INTERÉS
 
SUNAT
 
Autorización de impresión de comprobantes de pago físicos
En el portal de la SUNAT se ha comunicado que a partir del 01.01.2020, la autorización de impresión de comprobantes de pago físicos deberá ser solicitada mediante el Formulario Virtual 816 al cual accederá utilizando su Clave SOL. En dicho formulario deberá consignar el tipo de comprobante, la cantidad que desea imprimir, y elegir a una imprenta autorizada donde recogerá sus comprobantes, previa autorización de la SUNAT.
Indica que, para solicitar la autorización de comprobantes, deberá estar al día en sus obligaciones tributarias, entre otros requisitos señalados en el Reglamento de Comprobantes de pago.
Puede revisar el comunicado en el siguiente enlace:
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/mensajes-SUNAT.html
 
CORTE SUPREMA
 
Procedencia de reposición de un servidor público que no forma parte de la carrera administrativa
Mediante Casación Laboral N° 21082-2017-Cajamarca, del 4 de diciembre de 2019, la Corte Suprema analizó la demanda interpuesta por una extrabajadora que realizó labores de limpieza para una entidad pública bajo el régimen laboral de la actividad privada, quien solicitó los siguiente: (i) reposición a su puesto de trabajo, (ii) reconocimiento de su condición de obrera permanente a contrato a plazo indeterminado en el régimen privado, (iii) homologación de su haber a la remuneración mínima vital vigente, y accesoriamente su inclusión en el libro de planillas.
La primera instancia declaró fundada en parte la demanda, pues reconoció la existencia de un contrato a plazo indeterminado, en aplicación del artículo 4° del D. S. N° 3-97-TR, al estar comprendida dentro del régimen laboral de la actividad privada y haberse acreditado que ingresó a laborar sin contrato escrito; y ordenó a la entidad demandada reponer a la trabajadora en el cargo que ocupaba antes de su despido.
Al respecto, la segunda instancia confirmó la sentencia apelada, señalando que los trabajadores de la entidad demandada pertenecen al régimen laboral de la actividad privada y no al régimen especial de contratación administrativa de servicios, por tanto, no les alcanzan los efectos del precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional recaído en el Exp. N° 25057-2013-PA/TC (precedente “Huatuco”), pues esta regla es aplicable exclusivamente a los trabajadores que vienen efectuando carrera administrativa y que solicitan su reposición.
La Corte Suprema declaró que existe una distinción entre aquellos trabajadores que realizan carrera administrativa y aquellos que, aun cuando forman parte de una función pública, por la naturaleza de sus servicios no forman parte de una carrera administrativa que requiere concurso público y una plaza presupuestada. En ese sentido, señaló que el precedente Huatuco solo es aplicable a pedidos de reincorporación en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no frente a otras modalidades de función pública. Además, indicó que en el caso específico se debe aplicar el precedente recaído en el Expediente N° 6681-2013-PA/TC “Caso Cruz Llamos”, que permite la reposición en caso de referirse a la desnaturalización de un contrato, que puede tratarse de uno temporal o de naturaleza civil, a través del cual supuestamente se encubrió una relación laboral de carácter permanente.
Específicamente, la Corte Suprema declaró lo siguiente: “Octavo.- 8.8. (…) queda meridianamente claro que las reglas establecidas en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 6681- 2013 “Caso Cruz Llamos” como precisión a “Huatuco” resultan plenamente aplicables al presente caso (…) lo que determina que no le sea exigible, para la procedencia de la reposición solicitada, que haya ingresado previamente por concurso público en una plaza vacante, presupuestada y de naturaleza indeterminada. Por tales fundamentos, no es posible amparar las causales que sustentan el recurso de casación, deviniendo está en INFUNDADA”.
Finalmente, respecto a la aplicación del precedente Huatuco y el tipo de trabajadores en el sector público, al amparo del artículo 22° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Corte Suprema señaló como criterio jurisdiccional lo siguiente: “Esta distinción es importante para la aplicación de las reglas establecidas en el precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC, toda vez que conforme a ello no resulta procedente la reposición de un trabajador que realiza función pública, que forme parte de una carrera administrativa, cuyo contrato se ha desnaturalizado, contrario sensu, sí es procedente la reposición de un trabajador que realiza función pública pero que no forme parte de la administración pública”.

CÓDIGO TRIBUTARIO: La Administración Tributaria puede corregir errores de periodos prescritos para determinar la verdadera obligación tributaria
En la sentencia de casación recaída en el Expediente N° 3297-2016, la Corte Suprema señaló que la Administración Tributaria se encuentra facultada para corregir errores de periodos anteriores, aunque estos estén prescritos, no con el fin de determinar y cobrar obligaciones tributarias derivadas de los mismos -lo cual sí podría trasgredir la prescripción-, sino a fin de que el monto obtenido del impuesto a pagar de un periodo no prescrito refleje la verdadera obligación tributaria.
En este caso, durante el año 2005, la SUNAT había iniciado un procedimiento de fiscalización en materia de Impuesto General a las Ventas (IGV) en el que solicitó al contribuyente información del periodo de 1998, que se encontraba prescrito a la fecha en el que se realizó el requerimiento, conforme al artículo 43° del Código Tributario (CT), referido a los plazos de prescripción.
Por su parte, el contribuyente señaló que no era posible entregar información dado que los periodos tributarios se encontraban prescritos; no obstante, la Administración Tributaria para modificar el arrastre de los saldos a favor de IGV y efectuar una nueva determinación del impuesto a pagar de los periodos diciembre de 1998 y enero a marzo de 1999 (periodos no prescritos) realizó un nuevo cálculo del IGV modificando los saldos a favor de los periodos de enero hasta noviembre de 1998 (periodo prescrito).
En etapa de casación, el contribuyente alegó, entre otros, la infracción normativa del artículo 43° del CT, a fin de que se declare la ineficacia de la resolución del Tribunal Fiscal (TF) que resolvió el caso dando validez a la determinación de deudas tributarias que se encontraban prescritas.
Al respecto, la Corte Suprema indicó que del artículo 43° del CT “puede inferirse que la prescripción de la obligación tributaria impide determinar el monto de esta para el periodo prescrito, pero no corregir los cálculos erróneos realizados en esos periodos que tendrán incidencia en periodos no prescritos”.
En esa línea, señaló que si bien es cierto que, según lo alegado por el contribuyente, los periodos de enero a noviembre de 1998 se encontraban prescritos -lo que impediría que puedan ser modificados por la Administración Tributaria-, este no indicó norma alguna que sustente la interpretación que propone. Además, precisó que el artículo 43° del CT “no impide corregir defectos cometidos durante un periodo ya prescrito pero que tendrán incidencia en periodos que aún no se encuentran en esa situación”.
Por tal motivo, concluyó que la sala de segunda instancia no realizó una aplicación o interpretación errónea del referido artículo 43°, declarando infundado el recurso.
Finalmente, la Corte Suprema resaltó que “la figura de la prescripción prevista en el artículo 43° del Código Tributario extingue la pretensión de la administración para determinar la obligación tributaria así como la acción para exigir su pago y la posibilidad de aplicar sanciones por los periodos que se encuentran prescritos; pero, no impide que se recalcule un monto determinado erróneamente durante un periodo prescrito y que va a ser aplicado a un periodo no prescrito, pues, como es obvio la obligación determinada es la que corresponde a este último periodo respecto del cual las potestades de la administración se encuentran incólumes”.
Así, precisó que, en relación al caso en concreto, lo que hizo la Administración Tributaria no fue determinar la obligación correspondiente a dichos periodos, sino que realizó el arrastre del saldo correcto del IGV con el objeto de derivar consecuencias tributarias para los periodos no prescritos y así obtener el monto del impuesto a pagar por estos.
Por otro lado, cabe mencionar que recientemente, en un caso resuelto por el TF en la RTF N° 7832-9-2018, se resolvió levantar el reparo realizado por la Administración Tributaria debido a que esta, para la determinación del Impuesto a la Renta, cuestionó lo efectuado por el contribuyente en un periodo prescrito, sin haberse efectuado el procedimiento de fiscalización respectivo de dicho periodo. De esta manera, el TF precisó que si la Administración Tributaria no estaba conforme con la determinación efectuada por el contribuyente, estaba facultada a iniciar un procedimiento de fiscalización en cada uno de los ejercicios y efectuar, en su opinión, la correcta determinación de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, emitiendo las respectivas resoluciones de determinación.

Cotización de oferta y demanda tipo de cambio promedio ponderado publicado el día 08.01.2020

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar de N.A.

S/ 3,318

S/ 3,320

Euro

S/ 3,641

S/ 3,807







Fuente: SBS.

Atentamente,

 AELE