19.06.11

NORMAS LABORALES
 
Establecen precisiones respecto al trámite de la Jubilación Anticipada Ordinaria y el Régimen Especial de Jubilación Anticipada por Desempleo (11.06.19) (31)
Mediante la Circular Nº AFP-169-2019 se establecen precisiones para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30939, Ley que establece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada - REJA; y modificaciones para el acceso a la Jubilación Anticipada Ordinaria - JAO, así como para lo dispuesto en el artículo octavo de la R. de SBS N° 2224-2019.
Sobre el aporte voluntario realizado por el afiliado bajo los alcances de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30939, entre otras consideraciones, se precisa lo siguiente:
-  El aporte voluntario realizado por el afiliado, dentro del periodo que refiere el inciso a) del artículo octavo de la R. de SBS Nº 2224-2019, sea tal que el capital para la pensión que se constituya le permita acceder al régimen de JAO, conforme a los requisitos establecidos con anterioridad a lo dispuesto en la Ley N° 30939 y a las modificaciones contempladas en la R. de SBS N° 2224-2019.  A tal efecto, para evaluar el acceso al precitado régimen, la AFP debe tomar en cuenta la fecha en que se realizó el abono del aporte voluntario.
-  La AFP debe realizar las evaluaciones de acceso a la JAO respecto de aquellos afiliados que hubieren realizado aportes voluntarios el día 03.05.2019 y lo hubieren retirado hasta el 21.05.2019, a efectos de cautelar el derecho a sus beneficios previsionales, en función a lo establecido en el párrafo precitado.
-  Para la contabilización del plazo de nueve (9) meses de permanencia de los aportes voluntarios en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de que trata el artículo 42° de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, se debe considerar su cumplimiento respecto al día anterior a su solicitud de acogimiento.
 
NOTA DE INTERÉS
 
CORTE SUPREMA
 
Otorgamiento de bonificación de manera permanente por concepto de estudios de maestría concluidos
Mediante la sentencia de Casación N° 10418-2016-Arequipa, la Corte Suprema declaró que corresponde otorgar al actor, la bonificación de maestría por estudios concluidos de manera permanente, conforme lo establece los D. S. N°s. 50-2005-EF y 81-2006-EF, al haber el actor culminado sus estudios de maestría el 29 de octubre de 2012, fecha anterior de la entrada en vigencia de la Ley N° 29944, que otorga dicho beneficio por única vez.
Específicamente la Corte Suprema señaló: Décimo Tercero: (…) del artículo 3º del Decreto Supremo Nº 050-2005-EF (…) se determina que dicho beneficio se otorgaba siempre que se cumplan con las condiciones indicadas, esto es, estudios de maestría concluidos; que, en el caso del actor se cumplieron, el 29 de octubre del 2012 (antes de la modificatoria estipulada en la Ley Nº 29944), conforme se tiene de la constancia de egresado del actor (…). No siendo posible, bajo ninguna circunstancia, que la demora en la respuesta por parte de la Administración, tenga efectos negativos para el actor. Asimismo, la Corte estableció; Décimo Cuarto: (…) conforme la Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final, precisa que: los profesores que perciban la bonificación de los Decretos Supremos Nº 050-2005-EF y Nº 081-2006-EF, continuarán percibiéndola por el mismo monto fijo; y dado que, este Tribunal Supremo ha otorgado dicha bonificación a partir del 29 de octubre de 2012, el actor debe percibirla de manera permanente”.
 
TRIBUNAL FISCAL
 
IMPUESTO A LA RENTA: Desmedros por productos farmacéuticos expirados o por expirar
RTF Nº 10959-4-2017 / 12.12.2017
El contribuyente, dedicado a la elaboración de productos farmacéuticos que comercializaba a través de distribuidoras no vinculadas, quienes colocan sus productos en farmacias con el fin de venderlos a consumidores finales, señaló que toda vez que el producto no se terminaba comercializando definitivamente la venta no se consideraba terminada. En este marco, el producto vencido o que no se logra vender le era devuelto, ya que la distribuidora no asumía riesgos por los productos que no tengan demanda, correspondiéndole asumir como gasto los productos vencidos o por vencer devueltos por los distribuidores.
Sostuvo que los productos destruidos no deben ser considerados de terceros, ya que por la naturaleza del negocio y del sector en general, el distribuidor no sacrifica su margen de venta por los productos que no pudieron ser vendidos dentro del plazo de su vigencia de consumo, conforme lo señala la legislación de la industria, por lo que se encuentra obligado a controlar y destruir los productos vencidos.
La Administración Tributaria refirió que los bienes supuestamente devueltos correspondían en algunos casos a productos vencidos y/o deteriorados, asumiendo el contribuyente pérdidas de terceros, por lo que no se encuentra acreditado que las mercaderías devueltas por sus clientes cumplan con los requisitos contemplados en las Normas Internacionales de Contabilidad y en su marco conceptual para ser consideradas como existencias por parte del contribuyente, no encontrándose acreditada la causalidad del gasto por desmedro de existencias con la generación de renta y el mantenimiento de la fuente.
Agregó que no se encuentra acreditado que los productos contenidos en los reportes exhibidos hubieran sido los que previamente había vendido a sus clientes y que por tratarse de productos deteriorados y/o vencidos estos los hubieran devuelto, no habiendo acreditado el control de la recepción de los bienes y su reingreso a los almacenes o ambientes del contribuyente.
Además indicó que el contribuyente no presentó documento contractual mediante el que pactara que, en el caso de productos dañados, próximos a vencer, o expirados, existiera la obligación de cargo del contribuyente para su reposición que permitiera concluir que se encontraba obligada a aceptar los bienes objeto de sustitución, no encontrándose acreditado que el contribuyente haya tenido la propiedad de los bienes destruidos.
El Tribunal Fiscal señaló que en el caso del desmedro, la destrucción de los bienes es consecuencia justamente del ciclo económico para ser puestos dichos bienes a la venta o consumo, por lo que constituye un gasto inevitable y en ciertas situaciones, previsible, por el tipo de producción o manipuleo o mantenimiento que los bienes implican, y que este es el caso en el que, por una norma legal como la Ley General de Salud, existe la obligación de destruir aquellos productos o medicamentos que no cumplen con determinadas condiciones (malogrados o con fechas vencidas de fabricación).
Agregó que, mediante otros pronunciamientos, ha señalado que procede la deducción a efecto del Impuesto a la Renta de los productos incinerados, aun cuando estos, a su fecha de expiración se hubieran encontrado en poder de los clientes del contribuyente, y solo luego de dicha fecha se hubiera devuelto, por cuanto ello obedece a las políticas y prácticas comerciales de esta con sus clientes.
Sobre el caso concreto indicó que, atendiendo al retorno de dichos bienes al contribuyente, resultaba acorde con las normas sanitarias que procediera a la destrucción de los bienes vencidos que reingresaron a su esfera patrimonial, al estar prohibida su comercialización. Señaló que podría afectarse la salud de las personas que los adquiriesen y podría implicar no solo un detrimento de la imagen del contribuyente, lo que a su vez redundaría en la comercialización de los productos que vende, sino también un detrimento en la confianza de sus clientes que adquieren dichos productos para su venta al público (distribuidores), constituyendo en consecuencia un gasto que guarda relación de causalidad con la obtención de la renta.
Indicó que el hecho de que el contribuyente hubiese vendido con anterioridad los productos a sus clientes no implicaba que no pudiera -a pesar de no encontrase obligado legalmente- solicitar la devolución de los productos farmacéuticos a sus distribuidores a efecto de proceder a su destrucción, lo que resultaba acorde con el tipo de producto que vende y no se encontraba prohibido por ninguna norma.
En ese sentido, refirió a que mal podría afirmarse que los gastos materia de reparo constituyen gastos de terceros, ya que al efectuarse la devolución de los bienes, estos ingresaron en el patrimonio del contribuyente, no habiendo sido ello materia de cuestionamiento por la Administración Tributaria.
Así, al encontrarse acreditada la destrucción de los bienes materia de reparo, cuyo procedimiento no ha sido cuestionado por la Administración Tributaria, carece de sustento el reparo efectuado.
 
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Cotización de oferta y demanda tipo de cambio promedio ponderado publicado el día 10.06.2019

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Euro

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Fuente: SBS.

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