19.04.26

NOTAS DE INTERÉS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Declaran inconstitucional el artículo 46° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
Mediante sentencia recaída en el Expediente N° 20-2015-PI/TC, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Arequipa contra diversas disposiciones de la Ley N° 29622, que modificó la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (LOCGR).
La demanda se fundamenta principalmente en los siguientes argumentos: (i) El artículo 1° de la Ley N° 29622 (que incorpora los artículos 45° y 51° a la LOCGR) permite que la Contraloría General de la República (CGR) actúe como juez y parte en dichos procedimientos, toda vez que tanto el órgano instructor como el órgano sancionador en los procesos para determinar responsabilidad administrativa y funcional pertenecen a la Contraloría, lo que resulta incompatible con los principios constitucionales de independencia e imparcialidad; y, (ii) el artículo 46° de la LOCGR tipifica indebidamente las infracciones susceptibles de ser sancionadas por la CGR en procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa funcional; entre otros.
El TC consideró que el artículo 1° de la Ley N° 26992 no contraviene los principios de imparcialidad e independencia (reconocidos en el artículo 139° inciso 1° y 2° de la Constitución Política del Perú), pues la misma norma otorga garantías para que los órganos que forman parte de la CGR trabajen de manera independiente, ejerciendo sus atribuciones con autonomía técnica; asimismo, señaló que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, órgano adscrito a la CGR, cuenta con un mayor grado de independencia, pues goza de autonomía técnica y funcional, pudiendo tomar decisiones con total libertad.
Adicionalmente, el TC indicó que en el derecho administrativo sancionador se vulnera el principio de Legalidad y el subprincipio de Tipicidad, ya que es posible imponer sanciones limitativas de derechos fundamentales como multas o inhabilitación. En el caso  específico, el TC reconoció que lo dispuesto en el artículo 46° de la LOCGR no respeta el subprincipio de Tipicidad o Taxatividad que, a su vez forma parte del principio de Legalidad reconocido en el artículo 2° inciso 24, literal d, de la Constitución Política del Perú, toda vez que se incorpora un enunciado extremadamente general y no permite identificar con precisión las conductas concretas por las que la CGR podría imponer una sanción, vulnerando de esta manera el derecho de defensa de los funcionarios o servidores públicos, ya que tendrían dificultad en conocer los motivos de la sanción impuesta.
Finalmente, el TC estableció que el artículo 47.1, literal a, de la LOCGR, es proporcional y coherente con nuestro ordenamiento jurídico, únicamente en la medida que se interprete que las sanciones de inhabilitación impuestas por la CGR no restringen los derechos políticos de aquellos que son objeto de inhabilitación; esto es, el conjunto de derechos reconocidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución Política del Perú.
De esta manera, el TC resolvió declarar:
- Fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad, en consecuencia declaró inconstitucional el artículo 46° de la Ley N° 27785, incorporada por el artículo 1° de la Ley N° 29622; y, por conexidad, inconstitucional  la frase “que fueron referidas en el artículo 46°” del primer párrafo del artículo 47.1, literal a, de la Ley N° 27785.
-  Interpretar el artículo 47.1, literal a, de la Ley N° 27785, incorporado por el artículo 1° de la Ley N° 29622, en el sentido que "las sanciones de inhabilitación impuestas por la Contraloría General de la República no restringen los derechos políticos de aquellos que son objeto de inhabilitación; esto es, el conjunto de derechos reconocidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución”.  Asimismo, declarar infundada la demanda en lo demás que contiene.

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Fuente: SBS.

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