Magistrado del TC estima que el derecho a la reposición laboral deviene de un error

La tendencia que sigue el Colegiado del Tribunal Constitucional (TC) sobre el derecho a la reposición en el empleo y la estabilidad laboral ha sido medianamente una constante desde que resolvió el caso Sindicato de Telefónica el año 2002 (con algunas precisiones en ciertos casos).

Una ratificación de dicha tendencia se puede encontrar en la sentencia del TC recaída en el expediente N° 6590-2015-PA/TC (publicada el 02 de mayo de 2018), en la que se reconoce la vigencia de tales derechos al calificar la desnaturalización de un contrato modal de “servicio específico”. En dicho proceso constitucional se comprobó el uso fraudulento del contrato modal, ya que, no se especificó la causa objetiva de contratación laboral y, en consecuencia, correspondió calificar originalmente la relación laboral de duración indeterminada, por lo que, el trabajador “solo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral”, lo cual no sucedió en el caso concreto.

Sin perjuicio de lo anotado, la notoriedad la adquiere el voto singular del Magistrado Sardón de Taboada en el referido pronunciamiento, el mismo que es emitido en un escenario político en el que se encuentra en boga el derecho a la estabilidad laboral y la contratación temporal. El referido magistrado considera que la causa deviene en improcedente según los siguientes fundamentos:

A partir de preceptos constitucionales que “promueven políticas de empleo productivo” (art. 23), así como el reconocimiento de la “iniciativa privada y la actuación del Estado en la promoción del empleo” (art. 58), concluye que la “estabilidad laboral absoluta es incompatible con [tales mandatos constitucionales], ya que, al forzar la reposición en casos de despido arbitrario, [se] desalienta la creación de puestos de trabajo. Como reconoce el régimen constitucional económico, esta deriva, necesariamente, de la libre iniciativa privada”.

El mismo Magistrado agrega que el solo pago de la indemnización que establece la legislación está acorde con el precepto constitucional que exige una “adecuada protección” contra el despido arbitrario (art. 27). Además, “la reposición no tiene base en la Constitución ni en las obligaciones internacionales del Perú. Deriva solo de un error […] de este Tribunal, cometido al resolver el caso Sindicato Telefónica el año 2002 y reiterado lamentablemente desde entonces. LA PERSISTENCIA DEL ERROR NO LO CONVIERTE EN UN ACIERTO”.

Sean acertados o no los comentarios del mencionado Magistrado, solo queda esperar la percepción de los especialistas en la materia.